COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Bogotá, 24 de abril de 2026. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informa que, tras la validación de sus registros oficiales, consolidados internos y sistemas de información, el predio conocido como ‘La Mandinga’, ubicado en el municipio de Cáceres, Antioquia, no hace parte de los bienes administrados por la entidad.
Bogotá, 24 de abril de 2026. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informa que, tras la validación de sus registros oficiales, consolidados internos y sistemas de información, el predio conocido como ‘La Mandinga’, ubicado en el municipio de Cáceres, Antioquia, no hace parte de los bienes administrados por la entidad.
Según el historial judicial del inmueble, el bien fue objeto de medidas cautelares desde 2013, cuando el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decretó su embargo en el marco de un proceso de Justicia y Paz.
Posteriormente, el 18 de febrero de 2020, una decisión judicial declaró la extinción del derecho de dominio sobre el predio y ordenó su transferencia al Fondo para la Reparación de las Víctimas, administrado por la Unidad para las Víctimas.
La revisión institucional también estableció que ‘La Mandinga’ no fue entregado a la SAE por parte de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), según consta en las actas de empalme realizadas en septiembre de 2014.
Esta precisión surge ante referencias difundidas en distintos medios de comunicación sobre la presunta relación del predio con la administración de la SAE.
“Frente a publicaciones de algunos medios periodísticos nacionales e internacionales, es importante que quede claro, que la SAE no tiene ninguna responsabilidad en ese tema. Sin embargo, coordinaremos con el Ministerio de Defensa y El Ejército Nacional un rastreo presencial en la zona para corroborar el estado de algunos predios administrado por la entidad para verificar si están siendo utilizado en minería ilegal u otro tipo de actividades delincuenciales” dijo Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE.
La entidad reitera que su gestión se rige por la verificación documental, el cumplimiento de las decisiones judiciales y la coordinación con las instituciones competentes para garantizar claridad sobre la administración de bienes vinculados a procesos legales.
